La Fiscalía pide un año de cárcel para los cuatro responsables de El Refugio

Los responsables de la perrera El Refugio están en el punto de mira. Su delito: maltratar a los perros para beneficiarse económicamente de ello.

Esperamos que su delito no quede impune.

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Fuente: diariodejerez.es

La Fiscalía de Cádiz solicita un año de prisión para el propietario, la directora y los dos veterinarios de la antigua perrera El Refugio, situada en Puerto Real, por un supuesto delito de maltrato animal continuado, además de tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Miembros de la protectora El Refugio se disfrazaron en 2007 en la puerta de la perrera para denunciar los hechos.

Según señaló la investigación judicial iniciada en 2007, en el centro puertorrealeño, que prestaba servicio a al menos quince municipios de la provincia, se sacrificaban perros y gatos empleando de forma exclusiva inyecciones de Mioflex Braun, un poderoso y barato paralizante muscular. La sustancia provocaba en los animales un bloqueo progresivo del aparato respiratorio pero no del corazón, por lo que, después del pinchazo, los animales agonizaban hasta su muerte en plena consciencia.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso la asociación protectora de animales El Refugio, que se personó en la acusación, insiste en que “con la aplicación de Mioflex el animal muere literalmente ahogado y consciente de ello”, y argumenta: “Todas estas circunstancias eran plenamente conocidas por los acusados dada su condición de veterinarios titulados [Estanislao C. y Roberto P.]. La práctica de tales sacrificios de manera cruel y dolorosa fue ordenada por los acusados Manuela A.N. [directora del centro] y Plácido G.M. [propietario y administrador] en el uso de sus facultades de dirección y gestión con el objeto de abaratar costes puesto que el precio de los medicamentos que son los que se utilizan en una eutanasia ética y reglada es considerablemente más elevado. También éstos, dados sus respectivas posiciones en la asociación, conocían el proceso agónico que conllevaba esta economía”.

El escrito de acusación insiste en la motivación económica del empleo de Mioflex -con 35 euros se eliminaba a unos 100 internos– y en no limitar a los veterinarios la responsabilidad de su uso: “Se han realizado prácticas que sólo pueden ser consideradas como causantes de graves sufrimientos a los animales allí recogidos, tales prácticas eran realizadas por los veterinarios del centro, los acusados Estanislao C. y Roberto A., y eran ordenadas por Manuela A. y Plácido G. con objeto de abaratar nuevamente los costes de la actividad y obtener un mayor margen de beneficios, denotando con ello una nula sensibilidad hacia el reino animal”.

En el primer auto judicial del Juzgado número 2 de Puerto Real se subrayó el pésimo estado y mantenimiento de las instalaciones puertorrealeñas, donde perros y gatos vivían hacinados y mal clasificados en condiciones insalubres que provocaron “el sufrimiento o la muerte” a un número indeterminado de animales. La investigación del Seprona constató el sacrificio de un mínimo de 573 animales entre 2005 y septiembre de 2007 en los que se empleó de forma exclusiva inyecciones del paralizante muscular.

El escrito de la Fiscalía de Cádiz añade que “los animales que se recogían procedentes de atropellos y accidentes eran dejados sin asistencia veterinaria desde el viernes por la tarde hasta el lunes, ya que el centro no contaba con servicio de guardia de fin de semana, por lo que muchos de ellos morían, en ocasiones desangrados tras lenta agonía, o quedaban incapacitados gravemente”.

La asociación protectora El Refugio denunció los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona el 15 de junio de 2007, fecha en la que se inició el que es el primer procedimiento penal del país por maltrato animal contra los responsables de una perrera. Nacho Paunero, de El Refugio, consideró ayer que el escrito de acusación de la Fiscalía es “un paso adelante en la protección animal” en España. “Esperamos que este juicio se celebre cuanto antes y que los responsables paguen”, señaló.

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